Libertad de expresión, privacidad y tecnología. Un vacío legal pendiente

7 de Octubre, 2016 · Facultad

Eduardo Arriagada participó en el seminario internacional “Dignidad en Internet: Derecho al olvido versus Derecho a la Información”.

Eduardo Arriagada junto a Wladimir Garay y Roberto Ferrari participaron en el seminario internacional "Dignidad en Internet: Derecho al olvido versus derecho a la información".

Eduardo Arriagada junto a Wladimir Garay y Roberto Ferrari participaron en el seminario internacional "Dignidad en Internet: Derecho al olvido versus derecho a la información".

La vulneración de la privacidad y datos personales: ¿vicios o vacío legal? fue la pregunta analizada por el Eduardo Arriagada, el abogado Rodrigo Ferrari y el director de incidencias de la ONG Derechos Digitales, Wladimir Garay, como parte del seminario internacional “Dignidad en Internet: Derecho al olvido versus Derecho a la Información”.

La conversación comenzó con la intervención de Rodrigo Ferrari, contra quien se querelló el empresario Andrónico Luksic por supuesta usurpación de identidad en febrero de 2013, a raíz de la cuenta de Twitter @losluksic que el abogado creó, inspirado en la donación hecha por la esa familia a la Teletón que se hizo por el 27F. “Era una cuenta parodia…que duró un par de meses, ya que fue suspendida sin aviso por parte de Twitter, no era una cuenta que yo usaba constantemente. Hacía comentarios divertidos, nunca nada soez o grosero, de hecho, los tuits están, se puede verificar todavía”, contó el abogado Ferrari, quien agregó: “La verdad no le di mucha importancia, y en el año 2012 me informé por la Policía de Investigaciones, que estoy siendo investigado por una querella, colaboré en todo momento y luego me asesoré para saber cómo afrontar esta situación”.

Además, dio a conocer las irregularidades que se cometieron durante el proceso, ya que Twitter en Estados Unidos y VTR (empresa de telecomunicaciones en la que tenía su cuenta de correo) -sin un requerimiento judicial- entregaron sus datos personales a la PDI y a la Fiscalía, entre otros. El caso fue sobreseído, ya que el Séptimo Juzgado de Garantía estableció que Rodrigo Ferrari no suplantó la identidad del empresario, sino que solo se trató de una cuenta parodia.

Al respecto, Eduardo Arriagada sostuvo que “ya saben que no soy abogado, estuve dos años estudiando leyes en esta universidad. Soy un profesor de la Facultad de Comunicaciones que – ni siquiera trabaja en temas de ética o leyes - pero que lleva más de 25 años escribiendo sobre el área que estas leyes afectan y que además tiene una larga historia en el análisis y el uso de los medios y las tecnologías. Creo que lo que hemos visto con Rodrigo es un ejemplo excelente de lo delicado que debe ser el manejo de la relación entre el derecho, la privacidad y la libertad de expresión”.

El director de incidencias de la ONG Derechos Digitales, Wladimir Garay, explicó que “el código procesal penal establece que ante cualquier medida o diligencia que atente, viole o comprometa el derecho a la privacidad se necesita una orden judicial. En este caso no se realizó, las informaciones se obtuvieron sin orden judicial”.  Agregó que en Chile hay normas legales estrictas sobre la materia. “Hay una serie de información delicada que necesita de una autorización legal, esa era la tesis de la defensa en este caso. Los errores de procedimientos no son solamente de la Fiscalía, sino de VTR y Twitter… Hay herramientas judiciales suficientes para que en caso cómo este la Fiscalía hubiese actuado de mejor manera”.

Asimismo, Eduardo Arriagada enfatizó que “debemos entender que ahora todo es móvil. En el 2020, el 80% de todo el tráfico digital se realizará por dispositivos móviles. No soy fan de estos cambios, entiendo los enormes riesgos implícitos, en especial con el manejo de la información personal, como le sucedió a Rodrigo”. Y agregó que los avances que se aparecen como mágicos “se tornarán casi maníacos y podrán terminar siendo tóxicos, pero la solución a los problemas que provocarán no se podrá enfrentar solo con leyes, debemos pensar esto en forma más integral, hay que pensar incluso en aplicaciones”.

El seminario contempló cuatro módulos de conversación. El primero discutió la arista jurídica de la protección de los derechos de las personas en internet ¿Está al día la legislación chilena?; el segundo abordó la vulneración de la privacidad y datos personales ¿vicios o vacío legal?; El tercer módulo trató sobre el difuso límite entre la vida privada y el derecho a la información en internet.  Y el cuarto panel abordó el avance del derecho al olvido en el mapa mundial.

La actividad fue organizada por el Centro de Estudios Internacionales UC, en conjunto con la Defensoría Penal Pública y con la colaboración del Consejo para la Transparencia.